La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI) ha cumplido un año desde su entrada en vigor. Pero, a pesar de haber pasado doce meses, todavía está pendiente el desarrollo de tres reglamentos relativos a algunos de los puntos más polémicos de la norma propiciada por Anna Birulés.

(Libertad Digital) El secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Carlos López Blanco, ha dicho que el Gobierno ha preferido esperar hasta observar los efectos de la aplicación de la LSSI para concluir su desarrollo, según ha informado la agencia Efe. López Blanco ha añadido que los reglamentos pendientes se aprobarán en los próximos meses. Estos reglamentos son el relacionado con la retención de datos de conexión y de tráfico, el que modificará el real decreto sobre contratación telefónica o electrónica con condiciones generales y el que servirá para crear un distintivo de confianza de los servicios de la Sociedad de la Información.

Según el presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo, estos aspectos son precisamente algunos de los más polémicos de la ley, puesto que están relacionados con la prohibición del envió masivo de publicidad por Internet sin consentimiento previo (el llamado spam), la obligación de retener los datos de navegación durante un año y la elaboración de códigos deontológicos.

El secretario de Estado ha dicho que, aunque regular este sector es "muy delicado y complicado" dado que se trata de un mundo "sin jerarquías", la ley ha contribuido a aumentar la seguridad jurídica de las empresas a la hora de hacer negocios en Internet. López Blanco ha dicho sobre las numerosas críticas a la ley que "el tiempo ha demostrado que eran injustificadas" y ha puesto como ejemplo el spam, del que ha asegurado que "ahora son los propios usuarios los que piden que se controle".

Para el presidente de la Asociación de Internautas, la LSSI sigue siendo, después de un año de vigencia, "la gran desconocida", puesto que "el propio Gobierno ha pasado de ella", lo que se suma a que "más de la mitad de las empresas afectadas que tienen actividad comercial en la red no aplica la ley".