El Gobierno catalán ha decidido abrir 11 expedientes sancionadores contra ocho empresas de telefonía fija y móvil por haber cometido "faltas graves o muy graves que atentan contra las necesidades de los consumidores", después de casi un año de rastreo de los contratos y facturas de miles de usuarios en Cataluña.

ARIADNA TRILLAS - EL PAÍS | Economía .-- La Generalitat, que tiene previsto anunciar hoy, a cinco días de las elecciones, las contundentes conclusiones de su investigación, no facilitará los nombres de los grupos multados, porque sólo en dos casos la sanción incluye publicitar la identidad de las empresas y porque está a la espera de lo que decida el juez tras los recursos que puedan presentar las empresas afectadas. Sin embargo, entre éstas se encuentran los grandes grupos del sector, Telefónica y Auna, incluyendo las tres empresas de telefonía móvil que operan en España (Vodafone, Amena y Telefónica Móviles).

Las sanciones graves están penalizadas con el pago de entre 3.000 y 30.000 euros. Las muy graves oscilan entre los 30.000 y los 600.000 euros. A tenor del reparto de las faltas cometidas, la propuesta de sanción global ascendería a cerca de 1,4 millones de euros.

Las telecomunicaciones se han convertido en el sector que copa más reclamaciones (un 35% del total, siguiéndole la vivienda). Y tras la explosión lógica que siguió al inicio de la liberalización del mercado, el alud no se detiene. Sólo entre junio y octubre de este año, las reclamaciones admitidas en la Junta Arbitral de Consumo han aumentado en un 100%, hasta alcanzar las 1.834. El director general de Consumo, Josep Tous, ha expresado más de una vez la inquietud de la Administración por los costes crecientes que ésta acaba soportando ante lo que cree una "dejación de responsabilidades en materia de reclamación en persona" por parte de los operadores.

Los problemas detectados son muy variados: desde cláusulas abusivas en los contratos hasta anuncios de precios un mil por mil inferiores a los reales, pasando por sistemas fraudulentos de preasignación en que se ha llegado a falsificar firmas y a tomar nota del número de cuenta de clientes que no necesariamente han aceptado la oferta que se les muestra.