Hay ocasiones en que la realidad se impone a cualquier debate jurídico, incluso cuando existen argumentos a favor de las dos partes. El afán recaudador de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) es incansable.

Sin embargo, se le puede poner freno en los tribunales. Ése ha sido el caso de la Audiencia Provincial de Pontevedra, que ha denegado a la entidad encargada de la gestión de los derechos artísticos la facultad de recibir la compensación por los derechos de autor sobre una empresa de transportes por las obras emitidas en un autobús.

Según explica la sentencia, este medio de transporte “no puede equipararse” con los establecimientos de esparcimiento y ocio, en los que sí se está recaudando en base a la presunción del empleo de obras artísticas afectadas por derechos de propiedad.

Por eso, el tribunal entiende que la declaración de un testigo, que se encontraba en la estación a la que se refiere la denuncia, acerca de que el autocar contaba con radio y vídeo y que, para más señas, estaba vinculado a la SGAE, no es suficiente para aceptar “la explotación no autorizada de obras protegidas”.

Resoluciones de este tipo vienen a evidenciar la finalidad meramente recaudatoria desarrollada en los últimos tiempos por esta sociedad gestora a través de sus diversos instrumentos, como son el pago de los derechos de autor o el canon digital.

La crisis que vive esta industria ha llevado a multiplicar los medios empleados para encontrar a los supuestos infractores en el impago de estos impuestos artísticos. Ante esta clase de sentencias, sobran los argumentos jurídicos ya que a nadie se le puede escapar que no puede haber similitud alguna entre las actividades que se desarrollan en un autocar y en un bar de copas.

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