Ocho meses después de que el Consejo de Ministros remitiera el proyecto de Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE) al Congreso, la denominada Ley de Internet entra en vigor hoy, generando expectación e incertidumbre en partidos políticos, empresas del sector y asociaciones de usuarios. La LSSICE es la transposición a la legislación española de una directiva europea, la 2000/31/CE, sobre comercio electrónico y afecta a todos los sitios de Internet que ejercen algún tipo de actividad económica desde el territorio español.

El texto original de la ley, aprobado sobre la base de los sucesivos borradores (cinco) elaborados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCYT) —tres de los cuales estuvieron sometidos a consulta pública en su web—, superó desde finales de febrero quince peticiones de devolución —entre enmiendas a la totalidad y propuestas de veto— y más de medio millar de enmiendas (345 en el Congreso y 187 más en la Cámara Alta). Su desarrollo legislativo ha estado marcado por el debate y la polémica. Los 45 artículos y 16 disposiciones de que consta el texto final son el resultado de casi dos años de estudio, cinco borradores y varias enmiendas parlamentarias.

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