La reciente crisis desatada en la SGAE (Sociedad General de Autores), ha traído como consecuencia inmediata la dimisión del puesto y la imputación judicial de su presidente y de alguno de sus directivos por un presunto delito de desvío de fondos y blanqueo de capitales. El fraude, en esencia, consistía en contratarse a sí mismo. Pero, a la trasgresión legal gestada desde la SGAE, hay que añadir otra, de menores consecuencias punitivas, pero de desprestigio social mucho mayor. Me refiero a la ausencia total de ética. Es algo así como si a un defensor a ultranza de la moral pública, lo pillan en la cama con la señora del quinto y no se le ocurre nada que decir cuando aparece el marido en cuya cara se dibujan por partes iguales el estupor, la perplejidad y el cabreo. En el caso, lo malo es que ese marido somos todos.

Durante años, a los consumidores culturales españoles se nos ha impuesto una especie de complejo de culpabilidad por el mero hecho de pedir a un amigo que nos pase en un CD una copia de sus últimas composiciones, o al duplicar el último disco de Lady Gaga para escucharlo en el coche. Para evitar actos tan delictivos y reprobables como esos, se impuso el famoso canon digital, con el beneplácito de la SGAE, que venía a ser la declaración pública, cotidiana y permanente de que todos los que no somos intelectuales, creadores ni artistas habíamos sido declarados delincuentes convictos y confesos cada vez que hacíamos gestos comolos descritos. Y, para evitarlo, lo mejor era imponer el canon: ¡Que hacías la copia!, Por hacerla… ¡Que no la hacías!, Por si acaso. George Bush, el expresidente norteamericano, acuñó el término -eso sí, refiriéndose a la justificación de una intervención de su ejército en Irak- al hablar de “acción preventiva”. El concepto define también y perfectamente al canon.

Revisión

El 12 de julio pasado, el Congreso de los Diputados -sensible a las numerosas voces que se han alzado en los últimos meses contra el canon- votó favorablemente una proposición no de ley que insta al Gobierno a su supresión y a su sustitución por otra fórmula de compensación a autores y propietarios de contenidos que se ajuste más a las copias y usos realmente efectuados.
Este es el momento ideal para revisar tranquila, sosegada y de forma concertada con las partes afectadas (autores, distribuidores,, consumidores, etc.) el marco legal de los derechos de la propiedad intelectual , a ver si, entre todos, somos capaces de encontrar la fórmula para que el derecho de propiedad intelectual de los autores esté garantizado del mismo modo y al mismo nivel que la presunción de inocencia de los consumidores culturales

Opinión de José-Miguel Vilaiguel Vila en Diariocrítico.com